Gobierno e institucionalidad rural deberían trabajar juntos en el cuidado ambiental

No se puede atender temas tan delicados y trascendentes como el ambiental sin la presencia activa y protagónica de quienes producen y son responsables de buena parte de la economía del país.

Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | ¿Qué tan lejos está la institucionalidad rural del Ministerio de Ambiente? La pregunta surge porque aparentemente hay una desconexión importante entre el medio amiente y la producción agropecuaria, sin embargo, ¿hasta qué punto eso es real y cuánto tiene de espejismo surgido por la falta de ámbitos de diálogo permanentes, formales y transparentes entre las partes?

Uruguay es un país agropecuario. Por economía, cultura e identidad, estamos unidos a la producción agropecuaria y esa es una realidad innegable. A nadie en su sano juicio se le puede ocurrir cambiar esa matriz, que sería dejar de ser lo que somos, lo que nos ha dado un lugar en el mundo y prescindir aquello por el cual el mundo nos conoce y valora.

Partiendo de esa premisa incambiable de “Uruguay, país agropecuario”, el desafío es cómo coordinar esa característica con uno de los mayores retos globales: el cuidado del medio ambiente.

Sabemos que el mundo se ha impuesto trabajar en la reducción de emisiones y corregir los altos índices de contaminación humana que se dan en todos los sitios del mundo a los que el ser humano ha tenido acceso. En ese contexto y con una visión equivocada muchos entienden la producción agropecuaria como un serio problema, pero las investigaciones científicas y alejadas de toda acción publicitaria han demostrado que el campo no solo es clave por producir alimentos, sino porque es de las actividades que menor contamina, y además controla sus propias emisiones. En Uruguay hay destacados científicos capaz de exponer claramente sobre esos temas y con absoluta claridad tirar por tierra los prejuicios que se repiten sin sustento.

A tal punto eso es así que ninguna actividad económica del país tiene la importancia de la agropecuaria y además ayuda al cumplimiento de las metas ambientales, y con el avance de las investigaciones esos objetivos se van alcanzando y cumpliendo de forma cada vez más contundente.

Llegados a este punto vamos a lo del título: ¿por qué la institucionalidad rural, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no han conformado una mesa de trabajo o un convenio marco de cooperación con el objetivo de promover acciones que beneficien al sector productivo y el cuidado del ambiente, a la vez?

En Uruguay no hay sector que cuide el medio ambiente más que el rural, y eso ocurre por la básica razón de que el productor necesita de un ambiente sano para lograr los mejores resultados. Cuidar un bien prestado y finito como es el de la naturaleza es clave y el hombre de campo lo sabe, y lo asume cada vez más.

Es verdad que el MA y el MGAP han firmado convenios específicos para coordinar políticas de desarrollo productivo sostenible. Por ejemplo, en 2021, ambos ministerios firmaron acuerdos para promover un desarrollo productivo sostenible en el sector agropecuario; y en 2024 se lanzó el proyecto Ganadería Sostenible Uruguay, financiado por la Unión Europea (a través de Euroclima), y liderado por el MA y MGAP.

Seguramente hay otras iniciativas, pero ¿cuál es el rol que cumple la institucionalidad rural no gubernamental? No se puede atender temas tan delicados y trascendentes como el ambiental sin la presencia activa y protagónica de quienes producen y son responsable de buena parte de la economía del país.

No está clara la integración de instituciones como la Federación Rural (FR), la Asociación Rural del Uruguay (ARU) o Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), entre otras, a pesar de que todas ellas han abordado en distintas instancias la importancia de los temas ambientales.

Lo que planteo no es un invento sin sustento. Hace un año (setiembre de 2024) y aquí cerca, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de Paraguay y la Asociación Rural de Paraguay (ARP) firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto, promoviendo acciones que beneficien al sector productivo y al cuidado del ambiente a la vez.

Los puntos fundamentales del acuerdo Mades-ARP pasan por la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, la protección de los recursos naturales y la implementación de programas educativos para las comunidades locales. Todos objetivos aplicables a Uruguay, aunque podrían adaptarse o agregarse otros según nuestra idiosincrasia. Se busca así no solo el bienestar ambiental, sino también el desarrollo económico y social de las regiones rurales del país, dice la información oficial paraguaya al respecto.

El cuidado ambiental no es solo responsabilidad del Estado, del MA ni del MGAP, fundamentalmente es responsabilidad de los ciudadanos, de la sociedad, y por eso el clave que se integre a la institucionalidad rural.

Solo hay que tener voluntad política, animarse a dar el primer paso, una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp desde alguno de los ministerios y poner fecha de encuentro, para comenzar a dialogar. Casualmente y por fortuna para Uruguay, el mejor aliado del cuidado ambiental es el principal motor económico del país: el agro. Ojalá nuestros gobernantes puedan verlo con claridad.