Florida: la Justicia desestimó denuncia y avaló la educación menonita

La resolución judicial favorable a los padres de niños de la comunidad menonita de Florida que no concurren a la escuela fue calificada como sólida, muy sabia e incontrovertible por el abogado defensor de las familias, Daniel Torres.

“Están muy contentos”, expresó Torres, y destacó que se trata de “una resolución muy sabia, que no solo contempla lo jurídico, sino que hay una cuestión fáctica, porque se comprobó, en forma contundente, que no hay afectación”.

El abogado subrayó que “no solo no hay afectación del derecho a la educación, sino que no hay afectación de ninguna índole de los niños, que están escolarizados en un colegio en Estados Unidos, pero que además asisten a una escuela propia de la comunidad, autogestionada por ellos mismos”.

Remarcó, además, que “tratándose de un proceso de urgencia cautelar, que generalmente se resuelve en unos pocos días”, la jueza actuante, Noelia María Gutiérrez, “se tomó el trabajo de casi un año para diligenciar todas las pruebas. No solamente para indagar desde el punto de vista de la educación, sino también desde el punto de vista social, cultural y religioso”.

Sobre el impacto de la sentencia, Torres señaló: “Es un caso novedoso. No sé si va a generar precedentes”.

Denuncia de la Anep en 2024

El proceso judicial comenzó en junio de 2024, tras una denuncia del Codicen de la Anep por una presunta vulneración del derecho a la educación de un grupo de niños, niñas y adolescentes de la comunidad menonita radicada en Florida.

"No corresponde tomar medidas de protección"

En el fallo emitido el martes 18 de marzo, la jueza Gutiérrez determinó que “no se visualizan derechos vulnerados”, por lo que “no corresponde adoptar medidas de protección”.

“Tras el análisis del caso concreto, las pruebas aportadas conformadas por informe de Inau, informe de Comisaría Especializada en Violencia de Género, informe de Anep, certificados presentados por los progenitores, declaración de representante de Codicen, de Escuelas Disfrutables, de Inau, de los niños, niñas y adolescentes a través de su defensa, y de los progenitores, se concluye que el derecho a la educación no se encuentra vulnerado”, señala el escrito judicial.

El documento cita el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 68 de la Constitución de la República y el artículo 7 de la Ley 18.437, modificada por la Ley 19.889 de Urgente Consideración en 2020.

Esta última norma establece que “es obligatoria la educación inicial a partir de los cuatro años de edad, la educación primaria y la educación media. Los padres, madres, o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación, conforme a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 70 de la Constitución de la República y las previsiones de la presente ley”.

En su argumentación, la jueza Gutiérrez precisó que “el principio de obligatoriedad no refiere a la inscripción de los niños en centros de enseñanza uruguayos, sino a que reciban educación inicial, primaria y media”.

Agregó: “En el caso, vemos que los niños, niñas y adolescentes que integran esta comunidad (o que no la integran, pero asisten) reciben educación de manera virtual por docentes de un colegio extranjero y al mismo tiempo asisten a una escuela de la comunidad; es decir, educación reciben”.

Codicen apelará el fallo 

El fallo judicial “nos sorprendió porque hemos tenido casos similares, pero hay que acatar lo que la Justicia dice”, comentó en rueda de prensa la directora general de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras.

Por su parte, el consejero en representación de los docentes, Julián Mazzoni, entiende que la resolución “debe apelarse”, según dijo durante una entrevista en radio Sarandí. Se mostró preocupado por generar “un antecedente que provocará la dificultad de construir ciudadanía”.

“Esto genera después la posibilidad de que diferentes comunidades, no solo religiosas sino también filosóficas y políticas, puedan decidir que sus hijos se eduquen en sus propias creencias. (…) Puede pasar que un determinado partido político diga que de ahora en adelante sus hijos se van a educar de acuerdo con lo que piensan de la historia nacional y de la política del país”.

Según informó El Observador, la resolución de apelar se confirmó este miércoles en la sesión del Codicen.

Fuente: Canal 5 de Montevideo