¿Qué significa que el acuerdo con el Mercosur sea enviado al Tribunal de Justicia de la UE?

La decisión del Parlamento Europeo implica varios mensajes negativos para el Mercosur, uno de ellos, aunque implícito, es claro: incluso un acuerdo cerrado puede ser reabierto o reinterpretado unilateralmente desde Europa.

Montevideo | Todo El Campo | El eventual envío del acuerdo Mercosur–Unión Europea al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por parte del Parlamento Europeo tendría consecuencias relevantes para el Mercosur, tanto en el plano político como económico e institucional. Más allá del resultado jurídico final, el solo hecho de judicializar el acuerdo introduce un cambio cualitativo en el escenario de negociación y en los tiempos de concreción.

NUEVAMENTE LA INCERTIDUMBRE.

En primer lugar, la consecuencia más inmediata es la extensión de la incertidumbre. El acuerdo ya arrastra más de dos décadas de negociación y varios años de bloqueo político. La intervención del TJUE implica plazos largos, técnicamente complejos y difíciles de anticipar. Para el Mercosur, esto significa que cualquier expectativa de entrada en vigor en el corto o incluso mediano plazo queda virtualmente descartada. La incertidumbre afecta decisiones de inversión, planes de expansión exportadora y estrategias de inserción internacional, especialmente en sectores que veían al acuerdo como una plataforma de acceso preferencial al mercado europeo.

ASIMETRÍA ENTRE BLOQUES.

En segundo término, se refuerza la asimetría de poder entre los bloques. El Mercosur queda, una vez más, en una posición pasiva frente a dinámicas internas europeas que no controla. El envío al TJUE suele responder a debates europeos sobre competencias, cláusulas ambientales, derechos laborales o mecanismos de resolución de disputas. Aunque estos temas son presentados como técnicos o jurídicos, para el Mercosur operan como condicionantes políticos exógenos. El mensaje implícito es claro: incluso un acuerdo cerrado puede ser reabierto o reinterpretado unilateralmente desde Europa.

PÉRDIDA DE LA ACTITUD REFORMISTA EN EL MERCOSUR.

Una tercera consecuencia es el debilitamiento del incentivo reformista dentro del Mercosur. El acuerdo con la UE fue utilizado durante años como argumento para promover convergencia regulatoria, modernización normativa y apertura gradual. Si el acuerdo entra en una fase judicial prolongada, ese “ancla externa” pierde credibilidad. Esto puede reforzar posiciones más defensivas o escépticas respecto de la apertura comercial, en especial en Argentina, y consolidar una lógica de acuerdos parciales o bilaterales por fuera del bloque.

EL MERCOSUR PIERDE ANTE SUS COMPETIDORES.

Desde el punto de vista económico-comercial, el impacto es también estratégico. La UE sigue siendo un socio clave para exportaciones agroindustriales, pero el retraso del acuerdo reduce la ventaja relativa del Mercosur frente a competidores que ya tienen tratados vigentes con Europa (Canadá, Japón, Vietnam, Chile). Cada año sin acuerdo consolida preferencias ajenas y erosiona el potencial beneficio arancelario para carnes, granos procesados, lácteos y biocombustibles.

RELEVANCIA DE LA AGENDA VERDE QUE PREDOMINA EN EUROPA.

Por último, el envío al TJUE refuerza la percepción de que la relación con la UE está crecientemente condicionada por la agenda verde europea. Para el Mercosur, esto implica que el debate ya no es solo comercial, sino geopolítico y normativo: sostenibilidad, deforestación, trazabilidad y estándares ambientales pasan a ser filtros estructurales. La consecuencia de fondo es que el Mercosur deberá decidir si adapta su estrategia de inserción a esos parámetros europeos o si diversifica de manera más agresiva hacia otros mercados y alianzas. En síntesis, la judicialización del acuerdo no implica su muerte automática, pero sí prolonga la indefinición, debilita los incentivos internos y obliga al Mercosur a replantear su estrategia externa en un contexto global cada vez más fragmentado.