Que vuelva la meritocracia: ¿inclusión o privilegio por decreto?
En Uruguay, una ley obliga desde 2014 a que el 8 % de los empleos públicos anuales sean ocupados por afrodescendientes. Han pasado más de diez años, y el Estado jamás cumplió con esa meta. En su mejor año, 2018, las contrataciones apenas llegaron al 3,29 %. Ahora, el Ministerio de Trabajo promete “reforzar” el sistema de cuotas, porque —según sus autoridades— la exclusión persiste.
Pero la verdadera pregunta es: ¿cuántos empleos se están otorgando por mérito y cuántos simplemente para cumplir una estadística? ¿Estamos resolviendo un problema social o creando otro, donde el esfuerzo y la preparación quedan relegados ante el peso de la corrección política?
Nadie discute que existen desigualdades que deben abordarse. Las cifras son claras: el 28,7 % de los afrodescendientes vive bajo la línea de pobreza. Pero, ¿es justo que la solución sea saltarse la competencia justa y garantizar cupos en el Estado? ¿No sería más sensato invertir en educación, capacitación y oportunidades reales para que cualquier ciudadano, sea del origen que sea, gane su lugar por mérito propio?
El ministro Castillo dice que “la ley por sí sola no resuelve contradicciones” y que hay que “movilizarse” para hacerla cumplir. Lo que no dice es que mientras se insiste en mantener cuotas, se deja intacta la raíz del problema: un sistema educativo que no ofrece igualdad de base y un mercado laboral público donde, muchas veces, el ingreso depende más de la política que de la capacidad.
La inclusión no puede ser sinónimo de privilegio. Si realmente queremos una sociedad más justa, debemos volver a premiar el talento, el esfuerzo y la preparación, no la pertenencia étnica. De lo contrario, terminaremos sustituyendo una injusticia por otra, y llamando “progreso” a lo que, en el fondo, es solo otra forma de discriminación.
¿Cuál es tu reacción?
