Nuevas imputaciones agravan la causa contra Gustavo Penadés: violación, atentado al pudor y corrupción de menores

La jueza Marcela Vargas imputó nuevos delitos al exsenador nacionalista Gustavo Penadés, agravando una causa que sacude al país por su complejidad y las ramificaciones que ha generado. A los 22 delitos sexuales y dos de corrupción pública que pesaban sobre él desde octubre de 2023, este miércoles se sumaron cargos por reiterados delitos de atentado violento al pudor, violación y corrupción de menores, según informó El País. La decisión, solicitada por la fiscal Alicia Ghione, responde a los testimonios de cuatro nuevas víctimas, tres con identidad reservada y una cuarta, Javier Viana, quien relató abusos sufridos a los 17 años en el libro Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder, de Carolina Delisa y Martín Tocar.

Los abogados de Penadés, Laura Robatto y Homero Guerrero, anunciaron que apelarán las nuevas imputaciones. En la misma resolución, Vargas ordenó que Federico Rodríguez, un expolicía condenado en diciembre de 2023 por participar en una trama para proteger a Penadés, preste declaración anticipada en los próximos días. Esta medida, reservada para víctimas de delitos sexuales o testigos en riesgo, busca esclarecer las amenazas recibidas por Rodríguez, vinculadas, según la diaria, al exdirector del Comcar, Carlos Tarocco, y a otra persona privada de libertad. Rodríguez, bajo régimen de libertad a prueba, fue considerado “desaparecido” por la fiscalía en febrero tras incumplir las condiciones de su condena, pero aclaró a El Observador que se alejó por temor a represalias.

Ramificaciones de la causa: amenazas, denuncias y reserva judicial

La investigación, liderada por Ghione junto a Lucía Castro y Federico Fascioli, ha desatado múltiples derivaciones, según reportó la diaria el 9 de mayo. Entre ellas, destaca una denuncia por amenazas de muerte contra el equipo fiscal, que señala una presunta red de personas privadas de libertad y funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación. Además, la abogada Sandra Colman, representante de la víctima Jonathan Mastropierro, denunció ante la Policía amenazas contra su cliente, apuntando a Mariana Penadés, hermana del exsenador, como posible financista. Aunque no hay elementos objetivos para citar a Mariana Penadés, el juez Matías Porciúncula decretó la reserva total del expediente por 40 días, prorrogables, para proteger la investigación, que requiere un enfoque técnico en ciberdelito, según el fiscal Gilberto Rodríguez.

Otra ramificación surgió de la denuncia de Romina Celeste Papasso, quien en abril acusó a abogados del consultorio jurídico de la Universidad de la República (Udelar) y a la Unidad de Víctimas de la Fiscalía de “armar” la causa contra Penadés. Papasso ratificó su denuncia ante Rodríguez, quien ordenó diligencias policiales. En una entrevista con Montevideo Portal, afirmó: “La mayoría de las denuncias contra Penadés son falsas”. Además, los abogados de Penadés denunciaron a Ghione por presunta omisión de denunciar delitos de abuso sexual detectados en el celular de Mastropierro, un caso que también investiga la Fiscalía de Corte administrativamente.

Mastropierro, por su parte, rechazó las acusaciones en su contra frente al juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, afirmando: “Sean 22 o dos, es delito. Que yo tenga antecedentes no vuelve a Penadés inocente; yo sufrí persecución”.

Próximos pasos y desafíos procesales

La fiscalía se prepara para un momento decisivo. Hasta el 10 de junio, Ghione debe presentar la acusación formal contra Penadés y el profesor Sebastián Mauvezín, imputado como intermediario, detallando los delitos y la pena solicitada. Una prórroga concedida en septiembre de 2024 por la jueza María Noel Odriozola permite extender la investigación hasta el 12 de octubre de 2025, si fuera necesario.

La declaración anticipada de Javier Viana, prevista para esta semana, fue postergada por la necesidad de coordinar con un juzgado en España, donde reside, para garantizar la validez legal de su testimonio, según explicó el abogado Juan Raúl Williman, del consultorio jurídico de Udelar. La audiencia de Rodríguez, inicialmente programada para el mismo día, también fue reprogramada para el 14 de mayo, informó la diaria.

Con acusaciones cruzadas, amenazas y un fuerte impacto público, este caso, que involucra a una figura política de alto perfil, sigue siendo uno de los más resonantes del país, manteniendo a la sociedad expectante ante los próximos desarrollos judiciales.

Información aportada por El País, La Diaria y El Observador.