Estado deberá pagar cerca de $3.000.000 por el asesinato del sicario brasileño “Muito Loco” en el Penal de Libertad
La Justicia entendió que el Instituto Nacional de Rehabilitación no garantizó la seguridad del recluso que murió en el 2021 apuñalado por su compañero de celda. La entrada Estado deberá pagar cerca de $3.000.000 por el asesinato del sicario brasileño "Muito Loco" en el Penal de Libertad se publicó primero en Teledoce.com.
El Estado deberá pagar cerca de $3.000.000 por el asesinato del sicario brasileño "Muito Loco" en el Penal de Libertad.
Marcio Portes Martins, de 39 años, fue asesinado en diciembre de 2021. Fue ultimado por su compañero de celda, Thomas Cristian Matías Trindade, también de nacionalidad brasileña, con un arma blanca de fabricación carcelaria.
Portes Martins, oriundo de Porto Alegre, tenía el apodo de "Muito Loco" y era considerado un delincuente peligroso, ya que formaba parte del Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Estaba preso en nuestro país por sicariato, tras cometer dos homicidios.
En las últimas horas, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno confirmó la sentencia que condena al Estado, a través del Ministerio del Interior, a indemnizar a los familiares del recluso, luego que estos iniciaran acciones legales en el año 2021.
Según la resolución a la que accedió Telemundo, el tribunal ratificó la existencia de una "falta de servicio" por parte del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) al no garantizar la seguridad del interno.
Si bien la sentencia de primera instancia obligaba al Estado a pagar unos USD 150.000, tras la apelación del Ministerio del Interior, que alegaba que el monto era excesivo y que la víctima tenía antecedentes criminales en Brasil, incluso vinculaciones con el Primer Comando de la Capital, la cifra disminuyó a USD 75.000.
Los magistrados coincidieron en que existió una omisión en la custodia y vigilancia dentro del penal, configurando responsabilidad estatal y recordó que el Estado tiene la obligación de proteger la integridad física de las personas privadas de libertad, aun frente a ataques cometidos por otros reclusos.
El fallo sostiene que el INR no cumplió adecuadamente con su deber de control, vigilancia y requisa, y que las condiciones de reclusión en el Penal de Libertad "son inadecuadas y carecen de los recursos humanos y técnicos necesarios para prevenir hechos de violencia".
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