“Múltiples dificultades presupuestales” limitan la labor de la Inspección de Trabajo

Según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), actualmente ocurre un promedio de entre 150 y 180 accidentes laborales por día a nivel nacional, y se contabilizan aproximadamente 35.000 casos por año. Cada 10 días muere un trabajador a causa de un siniestro en su ámbito laboral, también considerando las estadísticas promedio.

Luis Puig, quien acaba de asumir como inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social, presentó en 2011, cuando era diputado por el Frente Amplio, el proyecto de ley de responsabilidad penal empresarial que se aprobó en 2014. En aquel momento, la frecuencia de siniestros fatales era de uno por semana, con entre 52.000 y 54.000 accidentes laborales por año.

“El solo hecho de empezar a discutir ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados trajo aparejado que el tema se instalara, que empezara a ser de debate entre los trabajadores y que las empresas comenzaran a contratar técnicos prevencionistas”, recordó el jerarca en conversación con Búsqueda. En línea con la idea de que los siniestros se dan por una mala organización del trabajo, aspecto de responsabilidad para el empleador, la ley “cumplió un primer objetivo fundamental, que fue bajar la cantidad de accidentes”, evaluó.

Once años después, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) realizó un evento el martes 25 para conmemorar la aprobación de la ley, donde el diputado Daniel Diverio aseguró que el Parlamento analizará medidas para reforzar la legislación y apoyó la idea de crear una fiscalía especializada en accidentes laborales. El inspector general opinó que “puede ayudar en este encare multidimensional de esta problemática” y, aunque “sin duda implica un esfuerzo presupuestal”, el país “merece el esfuerzo de poder resolver esta situación y poder dotarse de los recursos necesarios”.

Un tema presupuestal

De acuerdo a lo estipulado y respecto a las tareas asignadas de la Dirección Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, el cuerpo inspectivo del MTSS debería contar con 132 funcionarios. Al momento son 88, repartidos entre las divisiones de Condiciones Ambientales de Trabajo y Condiciones Generales de Trabajo. Además del faltante de inspectores, Puig también considera que hay una falta de abogados en el área jurídica que se encarga de recibir los expedientes que producen diariamente los inspectores. Actualmente, la Inspección se maneja con 14 abogados, algo que genera “un cuello de botella importante”, según dijo.

La escasez de recursos humanos está relacionada con “múltiples dificultades presupuestales” que enfrenta esta secretaría de Estado, afirmó. Puig considera que, si bien “históricamente (el MTSS) ha sido el último orejón del tarro”, el presupuesto “empeoró” durante el período de gobierno anterior y se están viendo “situaciones muy complejas desde el punto de vista del funcionamiento”.

Mientras espera que en la próxima Ley de Presupuesto se priorice la situación, comentó que se están manteniendo conversaciones entre los sindicatos del ministerio para lograr un “concurso de ascenso” que permita cubrir algunas de las vacantes y, sin resolver el problema de fondo, tener un “mínimo paliativo para encarar las tareas”.

“Crónica roja”

Más allá de las limitaciones materiales, para Puig existe “una crónica roja que pasa desapercibida”, mientras que los números de accidentes causantes de discapacidades parciales y permanentes, así como la propia muerte, no pueden resolverse únicamente con inspecciones y sanciones. En esta línea es que se creó el proyecto Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad Social, que tendrá su lanzamiento oficial en la Torre Ejecutiva el 1° de abril con la participación del presidente, Yamandú Orsi, actores de las cámaras empresariales y del movimiento sindical.

“Nuestro compromiso es intentar que llegue a territorio. Si no llega a traducirse en que sean mejores condiciones para los trabajadores de la caña, del arroz, los trabajadores portuarios, de la industria química o de la construcción, es papel pintado”, aseguró el jerarca.

La campaña comenzará su recorrido en el departamento de Salto y continuará en Tacuarembó, Paysandú, Cerro Largo, Lavalleja y Colonia. Allí se darán capacitaciones en salud y seguridad laboral en el trabajo de la mano de la Inspección.

Además, se está dando una coordinación con la Dirección Nacional de Empleo para permitir que se den capacitaciones a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, llevará una propuesta al Congreso de Intendentes para que “se involucren en el tema”, mientras que en la recorrida se intercambiará con empresarios y trabajadores para conocer “qué es lo que necesitan las empresas de la zona” para generar una estrategia, informó Puig. A modo de ejemplo, el jerarca comentó estar en reuniones con la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo y la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas para que, al comienzo de la zafra, a mediados del próximo mes, se establezcan mecanismos de seguridad como el traslado inmediato de trabajadores que sufren mordeduras de víboras venenosas, algo “bastante habitual” en el oficio.

Por otra parte, existe “una aspiración de larga data” entre los congresos del movimiento sindical, que implica la creación de una ley general de salud y seguridad en el trabajo en la cual se logren desarrollar claramente mecanismos generales para prevenir y responder frente a eventuales siniestros laborales. “Muchas veces el Estado está ausente en aspectos que tienen que ver con salud laboral, debe haber un cambio cultural de dimensionar en sus justos términos lo que implica la protección a la vida”, puntualizó.

Fuente: Semanario Búsqueda