Partidos políticos se comprometieron a llevar adelante políticas de Estado en discapacidad

Representantes de los equipos programáticos de discapacidad designados por los candidatos presidenciales de Partido Nacional (PN), Frente Amplio (FA), Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA), Partido Independiente (PI) y Partido Constitucional Ambientalista (PCA) elaboraron el documento «Compromiso interpartidario por una política de Estado en discapacidad», en el que se comprometen a llevar adelante políticas de Estado en materia de discapacidad.

Fue elaborado “como prueba de la voluntad política para construir una política de Estado en materia de discapacidad, con un presupuesto a la altura del desafío”, y será firmado por los presidenciables de los mencionados partidos políticos.

El documento de consenso tiene siete ejes. El primero es “arquitectura institucional”, que crea una nueva institucionalidad de carácter nacional para trabajar “transversalmente” y “avanzar con celeridad” en el tema, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

El segundo es “información”, con datos que reflejen la caracterización y necesidades de los distintos colectivos, incluyendo edad, género, etnia y distribución poblacional, así como información sobre población institucionalizada de la cual “el censo no arroja datos”. Este punto expresa que “se deberá asignar presupuesto suficiente en el próximo quinquenio para la correcta implementación del baremo”, que permita otorgar un certificado único de discapacidad válido para toda prestación y servicio en todo el territorio nacional, así como la creación de un observatorio.

El tercero es “educación inclusiva”, para avanzar en asegurar la real inclusión de todas las personas con discapacidad en la educación, considerando “imprescindible” invertir en la creación y financiación de sistemas de apoyo en primaria, secundaria y en todos los subsistemas, así como también el ámbito universitario, con maestros/docentes de apoyo y otros roles y perfiles profesionales que apoyen a los docentes y a los estudiantes que lo requieran. También refiere a “la transformación de los espacios educativos” para que garanticen “ña mayor inclusión e integración de las personas con discapacidad en la educación”.

El cuarto es “salud y rehabilitación”, incorporando definitivamente el efectivo acceso a la rehabilitación en las metas prestacionales del Sistema Nacional Integrado de Salud y trabajando junto a los prestadores en un esquema eficaz de accesibilidad a todos los servicios sanitarios, con la “eliminación paulatina de las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales en todos los niveles de atención”. El Ministerio de Salud Pública trabajará en la formación del personal de la salud y en protocolos de atención, incorporando dichas cuestiones en las metas prestacionales del Sistema Nacional Integrado de Salud, para lo que la próxima ley de presupuesto “deberá garantizar partidas presupuestales para el cumplimiento de dichas metas”.

En el quinto punto, que es “inclusión laboral”, el compromiso señala que “es necesario generar un sistema de apoyos para el ámbito laboral”, que implica que todos los jerarcas de deben comprometerse a diseñar un plan de inclusión que de correcto cumplimiento a la cuota para personas con discapacidad establecida por ley, así como también formación a los equipos de gestión humana y la contratación de operadores laborales, al menos uno por organismo. En el ámbito privado, se deberá avanzar con la implementación de la ley N.º 19.691 [Promoción del trabajo de las personas con discapacidad], “generando un esquema de trabajo para la inclusión laboral e impulsando económicamente a aquellos planes de la sociedad civil y las empresas que han demostrado ser exitosos”.

El punto seis refiere a “accesibilidad y urbanismo”, considerando que “es crucial trabajar junto a los Gobiernos Departamentales en la actualización de la normativa urbana en clave de accesibilidad”, y generar un “fondo de incentivo nacional que estimule intervenciones urbanísticas de diseño universal, con énfasis en la construcción de veredas, rampas accesibles y señalética para un tránsito seguro”. En materia de transporte, a partir de la implementación efectiva del baremo único, “será imprescindible avanzar en la efectiva la implementación del pase libre nacional”, dice el documento.

El punto siete es “vivienda, autonomía y vida adulta”. Los partidos se comprometen a implementar “de manera urgente” un plan de refacciones accesibles para hogares de personas con discapacidad que no puedan costear esas reformas. En lo vinculado a la vida adulta de las personas con discapacidad en situación de extrema vulnerabilidad y dependencia, se señala que “es necesario trabajar con mayor rapidez en un cambio de modelo que apueste por hogares que promuevan una verdadera vida independiente con los sistemas de apoyo que se requieran”.

El texto dice que, según datos relevados en el último Censo Nacional del año 2011, el 15,8% de la población uruguaya presenta algún tipo de limitación funcional asociada a una situación de discapacidad, y que “si bien se reconocen avances significativos en la actualización normativa, estos instrumentos no se han logrado traducir en acciones que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.

Texto: Canal 5 de Montevideo 

Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS