Organizaciones cuestionan contrato del proyecto Arazatí y no descartan acciones legales

El Gobierno firmó el contrato que da inicio al proyecto Arazatí, un sistema de potabilización y suministro de agua potable diseñado para abordar problemas técnicos y climáticos que puedan comprometer la disponibilidad de agua. Sin embargo, Raúl Viñas, integrante del Movimiento Uruguay Sustentable, calificó la firma como “lamentable” y adelantó que el contrato será analizado por las organizaciones opositoras para determinar posibles acciones legales.

Viñas expresó su preocupación por la falta de consideración hacia los reclamos de productores y habitantes de la zona afectada, así como por la omisión de estudios científicos que cuestionan la viabilidad del proyecto. “Es complicado entender que no se hayan tenido en cuenta todos los reclamos de la gente ni las situaciones relacionadas con los estudios científicos del lugar. Parece que los únicos a favor son la empresa, sus técnicos y el gobierno”, declaró.

Respecto al memorándum de entendimiento firmado junto con el contrato, Viñas señaló que carece de poder jurídico y lo calificó como “una simple declaración de intención”. Además, enfatizó que cualquier cambio al proyecto implicará un costo adicional para el país.

Una de las críticas más contundentes estuvo dirigida al diseño de la toma de agua en Arazatí. Según Viñas, expertos han planteado la necesidad de buscar una ubicación río arriba, donde la calidad del agua sería superior, pero cuestionó la racionalidad de instalar una toma secundaria en esa área para suplir eventuales fallas en Arazatí. “Si vas a tomar agua más río arriba, no hagas la toma de Arazatí que ya sabes que va a fallar”, afirmó.

El integrante del Movimiento Uruguay Sustentable también denunció que el proyecto responde a intereses económicos de empresas privadas y cuestionó la disparidad entre el costo declarado del proyecto, 294 millones de dólares, y los 890 millones que terminarían pagándose, según sus cálculos. Asimismo, advirtió que el contrato, firmado en unidades indexadas, establece una tasa de interés efectiva anual del 20%, muy por encima de la tasa de plaza.

Por último, Viñas recordó antecedentes como el contrato de privatización del agua en Maldonado, firmado en 1993, que terminó siendo declarado inconstitucional en 2004, aunque el Estado continuó pagándolo hasta 2018. Advirtió que este proyecto podría enfrentar un destino similar debido a que “la Constitución establece que la potabilización del agua debe ser realizada por entidades de derecho público”.

Las organizaciones sociales solicitarán una copia del contrato firmado para estudiarlo con sus abogados y determinar si presenta inconstitucionalidades. Viñas anticipó que, de confirmarse, se podría presentar una denuncia de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, lamentó que, en términos comerciales, el contrato probablemente se mantendría vigente, como ocurrió en el pasado.

Texto: Canal 5 de Montevideo 

Foto: Santiago Mazzarovich/adhocFotos