Sin pruebas, Israel asesinó a los cinco periodistas de Al Jazeera diciendo que eran terroristas de Hamás
En medio del caos que envuelve la Franja de Gaza desde octubre de 2023, la muerte del periodista Anas Al-Sharif ha encendido una nueva ola de indignación internacional. Este joven corresponsal de Al Jazeera, de apenas 28 años, fue asesinado el 10 de agosto de 2025 en un bombardeo aéreo israelí dirigido contra una tienda […]
Anas al-Sharif fue asesinado por militares israelíes en Gaza
En medio del caos que envuelve la Franja de Gaza desde octubre de 2023, la muerte del periodista Anas Al-Sharif ha encendido una nueva ola de indignación internacional.
Este joven corresponsal de Al Jazeera, de apenas 28 años, fue asesinado el 10 de agosto de 2025 en un bombardeo aéreo israelí dirigido contra una tienda de campaña cerca del Hospital Al-Shifa, en la Ciudad de Gaza. Junto a él perdieron la vida otros cuatro colegas: Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal, Moamen Aliwa y Mohammed Qreiqeh.
Este incidente no solo eleva la cifra de periodistas palestinos fallecidos a más de 237 en el conflicto actual, según datos recopilados por organizaciones independientes, sino que también plantea serias dudas sobre la libertad de prensa en zonas de guerra.
Al-Sharif se había convertido en una voz crucial para documentar el sufrimiento en el norte de Gaza, desde el hambre extrema hasta los bombardeos constantes, lo que lo convirtió en un objetivo evidente para quienes buscan controlar la narrativa.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no tardaron en asumir la responsabilidad del ataque, justificándolo con acusaciones graves contra el periodista. Según su comunicado oficial, Al-Sharif no era solo un reportero, sino un «operativo de Hamás» que supuestamente lideraba una célula militante y coordinaba lanzamientos de cohetes contra tropas israelíes.
Meses antes, en julio de 2025, el portavoz de las FDI, Avichay Adraee, lo había tildado públicamente de «campeón de la falsificación y las mentiras«, alegando que recibía apoyo directo de Hamás por sus reportajes sobre la crisis alimentaria en Gaza, a la que describió como un «drama inventado«.
Sin embargo, lo que llama la atención es la falta de evidencia concreta para respaldar estas afirmaciones. Organizaciones como Al Jazeera, la ONU y Amnistía Internacional han calificado las acusaciones de infundadas, sugiriendo que forman parte de una estrategia para deslegitimar y silenciar a los medios independientes en el terreno.
Las acusaciones falsas contra Al Jazeera y sus reporteros
Uno de los aspectos más controvertidos es la supuesta documentación presentada por Israel. Un informe de inteligencia filtrado alega que, supuestamente, Al-Sharif resultó herido en un accidente de entrenamiento de Hamás en 2023, dejándolo con secuelas como problemas auditivos, visuales y migrañas crónicas, lo que lo habría inhabilitado para cualquier actividad militar.
Paradójicamente, este mismo documento contradice las acusaciones actuales, ya que implica que no podía participar en operaciones durante el conflicto en curso. Expertos como Muhammad Shehada han cuestionado su autenticidad, argumentando que parece fabricado para encajar en una narrativa conveniente, pero que en realidad expone las debilidades de las pruebas israelíes.
Al Jazeera, por su parte, ha insistido en que nunca se ha presentado evidencia verificable de que Al-Sharif fuera algo más que un periodista dedicado, sin afiliaciones políticas.
Este caso no es aislado; encaja en un patrón preocupante de ataques contra periodistas en Gaza. Desde el inicio de las hostilidades, Israel ha sido acusado de etiquetar a reporteros como militantes sin respaldo probatorio, un tacticismo que precede a bombardeos letales.
Recordemos el asesinato de Shireen Abu Akleh en 2022, donde las FDI inicialmente culparon a palestinos, pero investigaciones independientes confirmaron que fue un francotirador israelí el responsable, sin que se abriera una indagación criminal adecuada.
Más recientemente, en julio de 2024, los periodistas Ismail al-Ghoul y Rami al-Rifi de Al Jazeera fueron eliminados por militares del gobierno de Netanyahu tras campañas de difamación similares. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) ha documentado al menos 269 muertes de comunicadores en el conflicto, muchas en ataques dirigidos, y ha criticado a Israel por no proporcionar pruebas creíbles en estos casos.
Las amenazas contra Al-Sharif no eran nuevas
En diciembre de 2023, su hogar fue bombardeado, resultando en la muerte de su padre de 90 años, Jamal, poco después de que reportara sobre presuntos crímenes de guerra.
En octubre de 2024, las FDI lo intimidaron nuevamente por exponer abusos similares. Él mismo se definía como un profesional imparcial, enfocado en «contar la verdad desde el terreno», y su trabajo le valió reconocimientos como un Premio Pulitzer por su cobertura del hambre en Gaza. Para muchos, estas acusaciones sin fundamento no son más que un pretexto para eliminar testigos incómodos.
La respuesta global ha sido contundente. La ONU y Amnistía Internacional han condenado el ataque como un posible «crimen de guerra», exigiendo investigaciones independientes y protección para los periodistas. Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el CPJ han advertido sobre la erosión de la libertad de prensa en Gaza, donde las campañas de descrédito preceden a la violencia. Incluso líderes políticos, como el primer ministro australiano, han citado este incidente al anunciar el reconocimiento de Palestina en la ONU, destacando las «atrocidades» en curso.
Medios como la BBC, Reuters y The Guardian han cubierto la indignación, incluyendo funerales masivos en Gaza y protestas en redes sociales, donde usuarios comparan estas mentiras con narrativas pasadas como los «40 bebés decapitados».
Ken Roth, exdirector de Human Rights Watch, lo ha resumido como un «esfuerzo calculado para bloquear la cobertura de horrores«, sin pruebas que lo sustenten. A medida que el conflicto se prolonga, casos como el de Al-Sharif subrayan una violación flagrante del derecho internacional humanitario, que protege a los reporteros en zonas bélicas. Hasta el 11 de agosto de 2025, no ha surgido evidencia creíble contra él, dejando una pregunta abierta: ¿cuántos más deben morir antes de que la comunidad internacional intervenga para salvaguardar la verdad? Este asesinato no solo silencia una voz, sino que oscurece el panorama de un conflicto ya opaco, donde la información es tan vital como el aire.
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