Tribunal de Cuentas detectó irregularidades graves en una compra millonaria de Colonización

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) puso bajo la lupa la polémica compra realizada por el Instituto Nacional de Colonización (INC) y detectó cuatro observaciones que ponen en entredicho la legalidad y transparencia de la operación.

La primera y más grave observación del TCR apunta al corazón del proceso decisorio. Según la normativa vigente, al tratarse de una compra directa, la ley de Colonización establece de manera taxativa que la adquisición de tierras debe ser aprobada con los votos de cuatro de los cinco miembros del Directorio de Colonización. Esta exigencia legal no habría sido cumplida, lo que plantea interrogantes sobre la validez jurídica de la operación.

El segundo señalamiento del organismo contralor se centra en aspectos técnicos y financieros. Existe una prenda sobre el sistema de riego de la estancia adquirida, y el TCR manifestó su preocupación porque no está claro si dicha obligación está incluida en el precio pagado de US$ 32,5 millones. Aunque se presume que forma parte del monto total por estar establecida expresamente, la falta de claridad genera dudas sobre el verdadero costo de la operación.

La tercera observación revela una situación financiera compleja dentro del INC. El Tribunal determinó que el organismo no contaba con disponibilidad presupuestal suficiente para realizar la compra al momento de la operación lo que genera interrogantes sobre la planificación financiera y el manejo de recursos públicos por parte de la institución.

El INC gastó por encima de sus posibilidades financieras

La cuarta y última observación señaló que el gasto de US$ 32,5 millones supera ampliamente la asignación anual del organismo. La compra de esta estancia ya venía generando controversias en el ámbito político y mediático. Las observaciones del Tribunal de Cuentas añaden una dimensión técnica y legal a un debate que trasciende lo meramente administrativo. La operación involucra una superficie considerable de tierra productiva en una zona estratégica del país, lo que amplifica el impacto de cualquier irregularidad detectada.

Las observaciones formuladas por el TCR no constituyen un mero trámite administrativo, sino que pueden tener consecuencias concretas tanto para los responsables de la decisión como para el futuro del INC. El organismo contralor tiene la facultad de requerir explicaciones, solicitar correcciones o incluso derivar el caso a otras instancias si considera que existen elementos que ameriten una investigación más profunda.

Fuente: Ámbito Uy