Plebiscito por una deuda justa: la verificación de firmas lleva más de un 17 % de rechazo
En caso de alcanzarse las firmas, no está resuelto aún que la consulta popular pueda llevarse a cabo en las elecciones de mayo.
En octubre, Cabildo Abierto había presentado unas 322.000 firmas ante la Corte Electoral, promoviendo una consulta popular para establecer nuevas normas en el sistema crediticio.
La aprobación requerirá de 272.288 firmas válidas (10 % del total de habilitados).
José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, dijo en Informativo Uruguay que el porcentaje de firmas rechazadas “es algo mayor” al que habitualmente se registra.
Según cifras de la Corte, hasta el momento se revisaron 86.775 firmas, de las cuales se rechazaron 15.155, la mayoría por no coincidir las firmas. Eso representa el 17,4% del total.
De consolidarse esa tendencia, el plebiscito podría quedar sin efecto. Si bien en la iniciativa puesta a consideración en octubre, referente a la seguridad social, el porcentaje de firmas rechazadas fue alto, “las firmas presentadas eran notoriamente más, lo que daba mayores posibilidades para alcanzar la meta”.
“En este caso, el margen es más estrecho”, señaló.
Garchitorena explicó que la Corte Electoral estableció 50 días de trabajo para la verificación de las firmas, tarea que se presume puede culminar en febrero.
Por otra parte, el ministro advirtió que aún no está resuelto si el plebiscito, en caso de aprobarse, puede realizarse en las departamentales de mayo.
Dependerá de la interpretación que se haga de del texto legal. “Pero eso se definirá si (el plebiscito) se confirma”, subrayó.
El plebiscito impulsado por Cabildo Abierto propone, específicamente, la fijación de un tope a los intereses y permite cancelar las deudas “pagando lo justo”, se sostiene.
Además, propone modificar el artículo 52 de la Constitución para que la tasa de interés máximo sea fijada por una nueva ley con mayorías especiales; y hasta que no se apruebe esa nueva ley, la tasa de interés máximo se fijará en 30 % en UI.
Esta tasa tope aplicaría no solo a préstamos, sino también a multas y recargos por atrasos aplicados a tarifas y servicios públicos y privados, según el texto promovido.
Fuente: Radio Uruguay
Ricardo Antúnez / Adhocfotos
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