El conflicto laboral en la industria pesquera ya generó pérdidas millonarias y el Parlamento citará al ministro de Trabajo

El conflicto que atraviesa el sector pesquero mantiene paralizadas a más de 30 embarcaciones y generó, según estimaciones privadas, una pérdida cercana a los 15 millones de dólares. La situación motivó la convocatoria del ministro de Trabajo, Juan Castillo, al Parlamento para que brinde explicaciones sobre el rol del Estado ante este escenario.

El senador del Partido Colorado (PC), Robert Silva, anunció que la Comisión de Asuntos Laborales analizará el caso esta semana, tras recibir al presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), Juan Riva-Zucchelli.

En paralelo, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el propio Castillo mantuvieron una reunión con Riva-Zucchelli este lunes en la Torre Ejecutiva. El objetivo: escuchar de primera mano las preocupaciones de las cámaras empresariales.

El conflicto comenzó por la exigencia del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), que solicitó incorporar un tripulante extra por barco para cubrir guardias. "Es una medida mínima para garantizar el descanso y la seguridad de las tripulaciones", afirmó el sindicato.

Desde el Poder Ejecutivo propusieron que ese nuevo marinero sea un estudiante de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) o de la Escuela Naval, aunque la gremial empresarial lo rechazó por razones logísticas y de costos. "No todas las embarcaciones cuentan con espacio adicional y el impacto económico sería significativo", indicaron desde CIPU.

Las versiones del gobierno sobre el conflicto pesquero

El Ministerio de Trabajo reconoció días atrás que las negociaciones están empantanadas y que "las posiciones están muy alejadas". Además, la falta de actividad pesquera golpea a las plantas de procesamiento, donde entre el 70% y el 75% del personal son mujeres jefas de hogar, según datos del sector.

La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) cuestionó con dureza al sindicato y dijo: "Existe un convenio vigente hasta 2027, y el gremio lo desconoce con aval de la central sindical. Esto atenta contra la institucionalidad de las relaciones laborales".

Desde el PIT-CNT respondieron que no hay incumplimiento alguno, ya que no se firmó ningún convenio en el "marco de los Consejos de Salarios" y acusaron a los empresarios de "intransigencia". La puja sigue abierta y sin fecha concreta para un posible acuerdo. Mientras tanto, el daño económico crece y los barcos siguen amarrados.

Fuente: Ámbito Uy