Bukele consumó su asalto a la democracia en El Salvador con reforma para reelección indefinida

El 31 de julio de 2025 quedará en la historia de El Salvador como el día en que Nayib Bukele consolidó su deriva autoritaria. Mientras el país conmemoraba el Día del Periodista bajo un clima de censura, amenazas y exilio para quienes se atreven a ejercer el periodismo crítico, la Asamblea Legislativa —subordinada plenamente al Ejecutivo— aprobó una reforma constitucional exprés que habilita la reelección presidencial indefinida, eliminando la principal barrera que aún contenía al líder más popular y, al mismo tiempo, más temido de Centroamérica.

La reforma, aprobada sin debate y con dispensa de trámite, fue respaldada por 57 de los 60 diputados, todos alineados al oficialismo, y rechazada por los únicos tres legisladores de oposición que se atrevieron a alzar la voz en un Parlamento cada vez más decorativo. Los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución fueron modificados para extender el período presidencial a seis años y eliminar la segunda vuelta electoral, instaurando un modelo que favorece al caudillo de turno y debilita aún más la representación democrática.

Nayib Bukele, que llegó al poder prometiendo romper con los vicios del pasado, ha ido construyendo su propio régimen autoritario, desmontando pieza por pieza los frenos y contrapesos institucionales. Su reelección en 2024 ya había sido tachada de ilegal por juristas y sectores de la sociedad civil, dado que la Constitución lo prohibía expresamente. Sin embargo, con la complicidad de una Sala de lo Constitucional impuesta por su mayoría legislativa en un proceso viciado, logró reinterpretar las reglas del juego a su antojo.

Ahora, el nuevo golpe —esta vez revestido de formalidad constitucional— permite a Bukele postularse tantas veces como lo desee, borrando el principio republicano de la alternancia en el poder. Lejos de un avance democrático, se trata de un retroceso que remite a los peores momentos del autoritarismo latinoamericano.

Un proyecto de poder absoluto

Durante su primer mandato, Bukele negó públicamente que buscaría la reelección inmediata. “No, no hay reelección”, decía en 2021. Pero una vez que colocó a sus leales en la Corte Suprema y subordinó todos los poderes del Estado, cambió de postura sin reparos. En 2022 anunció su candidatura, y en 2023 inscribió oficialmente su postulación ante un Tribunal Supremo Electoral que también se ha rendido ante su voluntad.

Esta reforma cierra un círculo: la transformación de un sistema democrático en un régimen personalista donde el poder se concentra en una sola figura. Bukele ya no necesita convencer, solo ordenar. Ya no necesita conquistar voluntades, solo ejecutar.

La diputada opositora Marcela Villatoro lo dijo sin rodeos: “Esta es una confesión pública de matar la democracia disfrazada de legalidad”. Y no exagera. Lo que se presentó como una decisión soberana del pueblo es, en realidad, la culminación de una estrategia planificada desde el poder para eliminar cualquier posibilidad de alternancia.

El precio de la popularidad

Bukele cuenta con un amplio respaldo popular, alimentado por su discurso confrontativo, su dominio de las redes sociales y medidas de mano dura como el régimen de excepción. Pero la democracia no se mide por encuestas, sino por el respeto a las normas, a la oposición, a la libertad de prensa y a los derechos humanos.

Hoy, El Salvador se parece más a una autocracia que a una república democrática. Las instituciones han sido capturadas, los disidentes silenciados y las reglas reescritas para garantizar que un solo hombre permanezca en el poder tanto tiempo como lo desee.

La comunidad internacional guarda un silencio cómplice. Y muchos ciudadanos, deslumbrados por la eficiencia autoritaria, no advierten el costo: cuando desaparece la posibilidad de alternancia, la democracia deja de existir.

Bukele no reformó la Constitución; la desmanteló. Y con ella, enterró una parte importante del futuro democrático de El Salvador.