“Podemos decir que en Uruguay no se lava, pero difícilmente se crea»

Se presentó ayer la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 2025-2030. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, explicó que la estrategia se basa en la evaluación nacional de riesgo aprobada durante el gobierno anterior y en un proyecto de estrategia que fue actualizado. “Trabajamos sobre ese proyecto actualizándolo porque en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo el mundo cambia muy rápidamente”, señaló. El proceso incluyó discusiones con actores del sector público y privado, culminando en la aprobación del plan. Este esfuerzo conjunto buscó alinear a todos los sectores involucrados en una visión compartida para enfrentar estas amenazas globales.

En diálogo con la prensa sostuvo que la estrategia se define como un plan de acción que complementa la evaluación de riesgo, la cual diagnostica el estado de situación del país y analiza las principales actividades económicas que podrían ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación del terrorismo. “La estrategia es un plan de acciones. En definitiva, cuáles son las acciones que el Estado planifica a los efectos de combatir estas dos actividades”, afirmó Díaz. Este plan establece metas claras y pasos concretos para mitigar los riesgos identificados, priorizando tanto la prevención como la represión de estas actividades ilícitas.

En cuanto a las medidas preventivas, Díaz destacó que el Estado delega parte de las tareas de control y vigilancia al sector privado, mientras supervisa su cumplimiento y desarrolla actividades preventivas propias. En este sentido, mencionó el rol de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaf) en el sector no financiero, y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIA) del Banco Central en el sector financiero. Estas entidades trabajan en conjunto para garantizar que los sectores económicos cumplan con las normativas establecidas y reporten actividades sospechosas.

El riesgo en el fútbol

Díaz señaló que aún hay desafíos en materia preventiva, especialmente en el ámbito societario, donde ciertos instrumentos pueden ser utilizados para lavar activos. Entre las actividades de mayor riesgo identificadas están el narcotráfico, la corrupción, el contrabando y algunas prácticas en el ámbito deportivo, como la compraventa de derechos federativos de jugadores, la publicidad y la televisación. “Esas son actividades de riesgo, independientemente de quién las desarrolle, si las desarrolla una sociedad anónima deportiva o si las desarrolla un club”, explicó. Además, destacó que el contrabando tiene un impacto significativo, ya que el proceso de lavado posterior a estas actividades es una preocupación clave.

Asimismo, subrayó el aumento de estafas, especialmente aquellas realizadas a través de medios informáticos. “Las estafas han sido los delitos que más han crecido en el marco de las denuncias del Ministerio del Interior”, indicó, destacando la dificultad de combatir los delitos informáticos debido a su naturaleza transnacional y su rápida evolución. Este crecimiento refleja la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas y de investigación para abordar estos nuevos desafíos.

El prosecretario enfatizó que la efectividad de la estrategia no radica en la existencia de normativas, sino en su implementación y resultados concretos. “El partido se juega en el plan operativo y en el plano de los resultados”, afirmó. En este sentido, expresó preocupación por la disminución de condenas por lavado de activos y financiación del terrorismo, pasando de 50 en 2019 a solo ocho en la actualidad. “La evidencia te indica que estamos siendo poco eficaces y poco eficientes”, admitió. Esta reducción en los resultados concretos pone de manifiesto la urgencia de mejorar los procesos de investigación y judicialización.

Percepción del riesgo

Díaz señaló que, además de cambios normativos, es necesario aumentar la percepción del riesgo entre los operadores públicos y privados. “No hay hoy, y tenemos que generarla, una percepción compartida del riesgo entre todos los operadores, públicos y privados, de que seamos utilizados como vehículo para el lavado”, afirmó. También destacó la importancia de capacitar a policías, jueces y fiscales en procesos de investigación para mejorar los resultados. Esta capacitación incluye el fortalecimiento de habilidades técnicas y la adopción de herramientas avanzadas para rastrear flujos financieros ilícitos.

El prosecretario de Presidencia concluyó que este es un proceso iniciado el 1 de marzo y que requiere un esfuerzo continuo para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Uruguay. Además, subrayó la importancia de alinear las políticas nacionales con los estándares internacionales, como los establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para garantizar que Uruguay «no solo cumpla con las normativas globales, sino que también demuestre resultados tangibles en la prevención y represión de estos delitos».

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